LEY DE DESFINANCIAMIENTO FISCAL

LEY DE DESFINANCIAMIENTO FISCAL

 

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Mucho tilín tilín...

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Jorge Vergara Carbó

Edición REDGES

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La reciente ley tributaria aprobada en Colombia el 28 de diciembre de 2018, día de los Inocentes, trae una serie de cambios en la legislación tributaria y aspira a recaudar $7,8 billones para suplir un supuesto faltante en la ley de presupuesto del 2019, estimado en $14 billones. Por otro lado, el Gobierno fijó el valor de la UVT en $34.270 pesos, que es la medida utilizada en Colombia como base para el pago de los impuestos.

La filosofía de la nueva ley se basa en favorecer a las empresas que, supuestamente, venían siendo gravadas con una tarifa alta que les impide generar empleo formal. Por ello, se acordó disminuirles la tasa impositiva, pasando del 33% al 30% en un período de cuatro años. Pero se olvida que nuestra legislación tributaria contempla una serie de exenciones, deducciones y otros privilegios como el de la “seguridad inversionista” que hacen que el recaudo tributario del país con relación al PIB sea tan solo del 15%, cuando en países similares al nuestro, la relación está por encima del 22%; y qué decir de los países desarrollados en donde la relación PIB-impuestos alcanza el 45%.

Esta disminución en los impuestos a las empresas, de no ser compensada por otros sectores, afectará el déficit fiscal que hemos venido arrastrando desde hace más de 30 años.

Como contraste a lo anterior, se aprobó aumentarles los impuestos a los asalariados, a los dividendos, al patrimonio por tres años, al giro de utilidades, al sector financiero, a las cervezas y gaseosas y la normalización o legalización de capitales y de pasivos inexistentes, basado en el argumento de que, en la mayoría de los países, y en especial en los desarrollados, la carga impositiva recae con mayor peso en las personas naturales.

Basados en ese argumento, deciden aumentar las tasas impositivas y disminuir la base de ingresos en UVT para las personas naturales:

-       quienes ganen al año $37.4 millones, no pagaran impuesto.

-       Los que ganen hasta $58.3 millones, pagarán un 19%.

-       Los que ganen hasta $140.5 millones, pagarán un 28%.

-       Después sigue una tasa del 33% para los que ganen hasta $297.1 millones.

-       Y, quienes ganen más de $1.062.3 millones pagaran un 39%.

-       Los dividendos serán gravados en un 15%, cuando se reciban anualmente por encima de los $10.3 millones. Tasa demasiado baja, si la comparamos con la que se cobra en los países de la OCDE o en los países desarrollados que es del orden del 45%.

-       El patrimonio se grava por tres años a capitales por encima de los $5.000 millones, con una tarifa baja del 1%, cuando ha debido ser por lo menos del 10%.

-       Al sector Financiero una tasa del 4% adicional a su impuesto a pagar.

-       Las cervezas y gaseosas, se les impone un IVA adicional llamado ‘plurifásico’.

-       A la legalización de capitales o de pasivos inexistentes se les fijó una tasa del 13%, la cual es demasiado baja, debido a que estos capitales en su totalidad fueron sacados del país sin autorización (fuga de capitales), lo cual es un delito, y, por otra parte, quienes declararon pasivos inexistentes cometieron el delito de evasión de impuestos al igual que quienes dejaron de declarar activos o los declararon por debajo de su valor comercial real. El costo fiscal para el país de quienes actuaron en esa forma ha sido muy alto, para legalizarlo ahora con un 13%, al igual que ha sucedido en años anteriores cuyas tasas han sido bajas y eso ha permitido legalizar capitales en su mayoría mal habidos. La tasa mínima que debería cobrarse por ese concepto es del 20%.

-       El giro de utilidades que pagaba impuestos en el país, pero que el presidente Uribe y su ministro de Hacienda, Carrasquilla (el mismo de ahora), generosamente lo quitaron (artículo 78 de la Ley 1111 de 2006), lo reviven con una tasa ridícula del 7.5%, cuando ha debido ser por lo menos del 15%.

Para los que conocen el sistema tributario colombiano, saben que el mayor flagelo que tiene es la alta evasión y elusión tributaria en todo tipo de impuestos, como el lavado de dinero que distorsiona el comportamiento económico de los sectores en que se realiza, especialmente en el valor de la vivienda y la fuga de capitales a los paraísos fiscales, cuya suma anual es cercana a los $21 billones de acuerdo a estimaciones de la CEPAL.

Con relación a la evasión del IVA, la DIAN la estima en el 23% de lo recaudado y el FMI en el 40%. Con relación al impuesto de renta la DIAN estima su evasión en un 39%.

Entre la fuga de capitales ($65 billones anuales) y el contrabando ($21 billones anuales), fácilmente se puede estar generando una evasión de por lo menos $50 billones al año ($20 billones, nada más en IVA).

A pesar de ello, las sanciones aprobadas en la nueva ley prácticamente descartan la cárcel para los evasores, dado que la vara se puso muy alta ($4.130 millones) y, una vez juzgados (si son cogidos), pueden pagar el monto fijado, quedando libres sin ningún problema jurídico en el país, pudiendo ser hasta elegidos para cargos públicos

El otro objetivo que busca la ley de financiamiento, es la normalización de las empresas informales, facilitándoles el tramite tributario, fijándoles un impuesto que llamaron ‘simple’, cuya tasa varía, dependiendo del nivel de ingresos de cada empresa y, además, incluye el pago de los impuestos territoriales del ICA.

Los ingresos hasta $205.6 millones pagan el 2%, siendo el máximo del 11.6%, para ingresos superiores a $2.741.6 millones. Variando la tabla según la actividad de la empresa.

Otra novedad es lo contemplado en el artículo 67, (‘megainversiones’), con una tarifa de impuesto sobre la renta del 27%, si generan 250 empleos directos y una inversión de 30 millones de UVT, que equivalen a $1 billón de pesos, en cinco años, concediéndoles además una depreciación de sus activos en dos años, no cobrarles renta presuntiva, ni patrimonio y darle un contrato de estabilidad tributaria por 20 años. Estas megainversiones no aplican para la explotación de los recursos naturales no renovables.

También se desmonta la renta presuntiva bajándola entre los años 2019 al 2020, al 1.5%, para eliminarla en el 2021.

Se dan incentivos al sector hotelero, con una renta del 9%; a la ‘economía naranja’ por 7 años, siempre y cuando generen 3 empleos con una inversión de $150.8 millones; y, a las empresas del sector agrícola se le conceden 10 años, si generan 10 empleos con una inversión de $856.7 millones en seis años.

Se fija un impuesto de salida, vía área, a los colombianos y extranjeros de un dólar por cada tiquete; y un impuesto al turismo para los extranjeros que ingresen al país por vía aérea de 15 dólares.

A las empresas se les permite descontar del impuesto a la renta, el 50% del 4x1000 y el 50% del ICA, avisos y tableros.

Por último, en al artículo 107, se faculta a las entidades territoriales para conceder beneficios temporales hasta por un 70% en el pago de intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria. Tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2019, y las asambleas y concejos deben expedir las normas y el porcentaje a beneficiar.

En conclusión, tenemos una reforma tributaria que fue más la bulla que generó, que los ingresos que le aportará al país, para cubrir el déficit presupuestal para el año 2019 y, por supuesto para resolver el déficit fiscal.

Se otorgaron nuevos beneficios a los ya existentes, lo que a futuro afectará las finanzas del Gobierno central, obligando a una nueva reforma tributaria.

Interesante la comisión que se crea para estudiar la tributación territorial en busca de mecanismos que la integren con la Nación y controlar la evasión y elusión tributaria en las entidades territoriales. Hay que esperar para ver en qué queda esa famosa comisión.

Desde ya, podemos garantizarle que los incentivos otorgados a las empresas para generar empleo, no se darán. No existe información empírica en el mundo que demuestre que el empleo se genera por la disminución de los impuestos a las empresas. La generación de empleo depende de la dinámica de la actividad económica nacional e internacional. Si crecemos a tasas iguales o superiores al 5%, en el país, tengan la seguridad que generaremos empleo formal de alta remuneración.

Hoy tenemos una informalidad del 48% a nivel nacional, siendo esa informalidad en la región Caribe por encima del 60%, lo que indica que vivimos del rebusque y que el Caribe sigue siendo una región pobre, debido a que está demostrado estadísticamente que quienes viven del rebusque, desde el punto de vista macroeconómico, no alcanzan a percibir un salario mínimo.

Es bueno recordarles, que el presupuesto del 2019, se calculó con un precio del petróleo de US$65 dólares el barril, una tasa de cambio de $2.900, una tasa de crecimiento del 3.7% y una inflación del 3%. Ninguna de esas variables se ha dado en los primeros días del mes de enero y se presume que no se darán en el primer semestre del año, principalmente el precio del petróleo que ha venido bajando desde noviembre del 2018, de US$78 dólares a US$57 al 8 de enero y, la tasa de cambio también está fluctuando entre los $3.100 y algo más o menos.

A parte de lo anterior existen unos nubarrones que incidirán sobre el crecimiento esperado de la economía para el 2019: el FMI lo proyecta en un 3.3%, tasa inferior a la que estimó el Gobierno.

Igualmente, la OCDE y otras instituciones prevén una desaceleración en la economía mundial, producto de un menor crecimiento en la zona euro, el problema del Brexit, la guerra comercial de EEUU - China, la volatilidad de los mercados con sus incidencias en las bolsas de valores, las decisiones de la FED con relación a la tasa de interés, la desaceleración de la economía China y estadunidense, el precio de los ‘commodites’ y el fenómeno del Niño, entre otros.