CARRASQUILLA: LA ZORRA EN EL GALLINERO

CARRASQUILLA: LA ZORRA EN EL GALLINERO

¿Si las entidades territoriales no podían hacer uso de vigencias futuras excepcionales, qué hicieron para montar el negocio? Prueba reina de las indelicadezas de Carrasquilla contra hacienda pública.

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Jorge Vergara Carbó

Edición

RED-GES/El Satélite

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Son varios los hechos recientes en el país que han centrado la opinión pública sobre decisiones que se han tomado, y sobre leyes, decretos y circulares que se emiten, que terminan beneficiando a personas vinculadas con el gobierno y/o, grandes conglomerados económicos nacionales y extranjeros.

Analizaremos cuatro casos muy puntuales:

  1. Los bonos agua;

  2. La intervención de Electricaribe;

  3. La liquidación del contrato Ruta del Sol; y,

  4. La Triple A.

 

1. Bonos Agua o Bonos Carrasquilla 

Fueron diseñados y presentados a principios del año 2007, por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien renunció el 8 de marzo de ese año y su reemplazo,  Oscar Iván Zuluaga, continuó defendiendo el proyecto, finalmente convertido en la ley 1176 de 2007, cuyo objeto fue modificar el Sistema General de Participaciones (SGP), para que a los municipios se les pudieran adelantar recursos financieros, pagando una tasa de interés a los intermediarios que estructuraran un modelo de financiación. Ese modelo lo estructuró Carrasquilla, con dos de sus funcionarios de confianza en el ministerio: uno en Cisa (Central de Inversiones, Lía Heenan), y el otro, en Fogafin (Andrés Flórez), para lo cual constituyeron una empresa llamada, Konfigura, en Colombia, y otra en Panamá, Navemby Investment Group, de los mismos dueños colombianos, para que sirviera de puente para el giro de los recursos de los bonos emitidos que se pagaron a los inversionistas a una tasa de UVR+8% , a 19 años, sin derecho a pagos anticipados, logrando conseguir recursos por $440.000 millones.

La firma estructuradora de los bonos, Konfigura, los colocó en los municipios interesados (117), a una tasa de UVR+11%. Tasa que aparentemente era similar a la que imperaba en el mercado colombiano en ese entonces, pero que contrastaba con la tasa internacional, especialmente en los Estados Unidos en el año 2009, de plena crisis financiera, llevando las tasas en dólares a un nivel de cero. Por eso encontraron, ante la liquidez existente, recursos por encima de los demandados, ya que para los inversionistas gringos era rentable colocar su dinero a una tasa que le reconoce la inflación más ocho puntos y, además, con garantía de la nación; dinero que fue colocado en Panamá, y de ahí, a nuestro país.

Por supuesto que este crédito con esas condiciones, tendría repercusiones en los municipios donde se colocaron, hasta el punto que, en el año 2014, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, tuvo que salir a renegociar esos bonos para poder aliviar la carga financiera sobre las entidades territoriales, consiguiendo un descuento del 10% de su valor.

¿Si las entidades territoriales no podían hacer uso de vigencias futuras excepcionales, qué hicieron para montar el negocio?

Lo que no se tocó en el reciente debate de control político por parte de los parlamentarios de la oposición, es que, a la fecha de todo el montaje de estructuración de los bonos, existía un impedimento jurídico para que las entidades territoriales comprometieran recursos, utilizando la figura de “vigencias futuras excepcionales”, ya que la ley 189 de 2003, no contempla el uso de esa figura para las entidades territoriales, sino para la Nación. Ese detalle se le olvido al ministro Carrasquilla: que había que modificar el artículo 11 de la ley 819/2003, y no se hizo sino en diciembre del año 2011, por iniciativa de la entonces contralora, Sandra Morelli.

Para poder convertir el negocio en realidad, el Ministerio de Hacienda, a través de la DAF (Dirección General de Apoyo Fiscal), emitió en marzo de 2007,  la  circular 07/07,  que autorizaba a las entidades territoriales a comprometer recursos a través de la figura de “vigencias futuras excepcionales”, decisión ésta, reforzada el 12 de marzo de 2007 por el CONPES 3463 , que entre otras cosas, dice lo siguiente: “si las vigencias futuras excepcionales no están reglamentadas dentro del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad territorial no se podrían adquirir obligaciones por esa modalidad ….”. Esto mismo es lo que dice la Circular de marzo 07/07, que después fue complementada por las circulares 043/08 y 05/09. 

Al ministro Carrasquilla le aceptaron su renuncia a partir del 8 de marzo, nombrando en su reemplazo a Oscar Iván Zuluaga, lo que indica que cuatro días después de salir del Ministerio se emite la circular y se celebra un CONPES, que le da vida al negocio de los “bonos de Agua”. Estas circulares y el documento 3463 del CONPES fueron aprovechadas por las entidades territoriales para comprometer recursos cercanos a los $31 billones del año 2010. Entre ellos, los $440.000 millones de los famosos “Bonos Agua” o “Bonos Carrasquilla”.

Lo que sí está demostrado es que tanto las circulares como el documento CONPES citados, violaban la ley 819/03, en lo relacionado con la utilización de las vigencias futuras excepcionales, como lo determinó la Contraloría General, y sendas sentencias de los tribunales administrativos del Casanare y Atlántico, y del Consejo de Estado.

A raíz de las denuncias impetradas, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Juan Carlos Echeverri; la Contraloría General, en cabeza de Sandra Morelli; la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordoñez y la Auditoria General, en cabeza de Iván Darío Gómez Lee,  emiten la circular conjunta externa 01 de septiembre 8 de 2010, en la cual manifiestan que las entidades territoriales no podían hacer uso de la figura de vigencias futuras excepcionales y, en conclusión, ordena derogar las operaciones de crédito aprobadas por las asambleas y concejos respectivos.

Como consecuencia de esta circular conjunta, la contralora Sandra Morelli, con el Ministerio de Hacienda, lideró un proyecto de ley, para modificar principalmente el artículo 11 de la ley 819 de 2003, para autorizar la figura de vigencias futuras a las entidades territoriales bajo ciertos parámetros contemplados en la ley 1483 de diciembre de 2011.

Esto significa que solo a partir de enero del 2012, las entidades territoriales podían comprometer vigencias futuras excepcionales sin violar la ley.

¿Direccionó el ministro Carrasquilla los famosos ‘Bonos de Agua’?

En conclusión, podemos afirmar que el  hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sí direccionó como ministro en el 2007, la circular 07/07,  el CONPES 3463/07, el artículo 91 de la ley 812 de julio de 2003 (Plan de Desarrollo, “Hacia un Estado Comunitario”) y el Decreto 3629 de noviembre 4 de 2004, considerado como la madre de las vigencias futuras excepcionales, que permitía que se violara la ley de endeudamiento al reglamentar parcialmente la ley 80 de 1993, estableciendo que (…) “las entregas de obras por montos superiores a las respectivas apropiaciones presupuestales  no implican operaciones de crédito público o asimiladas”. Además, como lo afirmó en el debate Gustavo Petro, participó activamente en el Plan de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, que en su artículo 91, “recursos de trasferencias” y en su parágrafo, contempla que los recursos del SGP para agua y saneamiento básico, solo se podrán utilizar para el financiamiento de proyectos de ese tipo, o la constitución de empresas con esos fines.

Todas estas situaciones se dan en el país, por la falta de claridad y cumplimiento de las leyes, porque está vigente el decreto 3074 de 1968, que en el parágrafo del artículo 9, dice:

“la persona que haya sido empleado público no puede gestionar directa o indirectamente, a título personal ni en representación de terceros, en asuntos que estuvieren a su cargo. Durante el año siguiente a su retiro tampoco podrá adelantar gestiones, directa o indirectamente, ni a título personal ni en representación de terceros, ante la dependencia a la cual presto sus servicios”.

Ante la falta de control y confusión, las entidades territoriales comenzaron a comprometer vigencias futuras excepcionales para todo tipo de inversión, algunos sin cumplir lo establecido en las circulares de la DAF y en el documento CONPES 3463/07, endeudándose en más de $31 billones del año 2010.

En lo que puede considerarse el colmo del cinismo, el ministro Carrasquilla, que en el 2007 le abrió semejante hueco fiscal al país, venga a decir ahora que:

(…)

“nuestro problema es que el stock de deuda pública, no obstante, la existencia de una regla fiscal y los esfuerzos que hemos hecho por enfrentarlo, ha subido de una manera supremamente importante en los últimos tiempos”: (Revista Dinero, 23-08-18), y agrega que… las cosas que le preocupan son las vigencias futuras, que se incrementaron por cuenta de los necesarios proyectos de infraestructura y equivalen a 9,3% del PIB, lo que dejaría la deuda del Gobierno Nacional Central en cerca de 53% del producto interno. Tampoco se incluyen las obligaciones judiciales que equivalen a 5% del PIB y que constituyen una deuda que se paga con tasa de usura.

Se le olvido al Ministro que él fue quién impulso el decreto 3629 de 2004, el cual lleva su firma, junto a la del presidente, Álvaro Uribe Vélez, para no incluir como deuda los recursos comprometidos por vigencias futuras excepcionales que en la mayoría de las entidades territoriales, al no incluirlas en el cálculo de la ley 617 de 2000, hicieron fiestas burlando la ley de endeudamiento del país, hasta el punto que hay entidades territoriales que tienen comprometidas vigencias futuras excepcionales por encima de $1.5 billones de pesos, contratando obras que se hacen en dos o tres años y se pagan diez o más años después de terminada la obra, un clásico tipo de endeudamiento.

Como lo señaló el senador, Rodrigo Lara en el debate de los “Bonos Agua”, el negocio fue una intermediación financiera que significó un detrimento patrimonial de $1,25 billones (unos US$426 millones de dólares de hoy), dinero que se apropiaron los estructuradores, intermediarios financieros e inversionistas.

Otra fase indelicada del negocio de los Bonos de Agua, fue la escandalosa tasa de interés que se abrochó a los préstamos municipales: UVR + 11%. En ese mismo debate, Gustavo Petro dijo: “Como alcalde de Bogotá, para esas fechas, logré conseguir crédito internacional a menos dos por ciento real”.

No olvidemos que en el año 2008, la economía norteamericana entró en recesión, sin margen para hacer uso de la política monetaria porque la tasa de interés estaba cercana a cero, el desempleo se elevó al 7% y la inflación era de 0.1%, una típica deflación estaba viviendo la primera potencia económica del mundo, crisis que originó una crisis financiera mundial.

¿El debate fue ético-moral o político?

Creemos que el ministro Carrasquilla tiene muchas cosas que aclarar de este negocio, si quiere seguir en su cargo. El debate, señores, si no se puede deslindar por completo de su carácter político, fue, sobre todo, ético y moral.

No nos metamos mentiras: con este negocio, los perjudicados en especial 117 municipios de los más pobres que estamos seguros no eran sujetos de un crédito de esa magnitud y con esas tasas de interés, las cuales no podían pagar, pero como tenían el aval del gobierno que lo decide el Ministerio de Hacienda, el negocio pudo realizarse. Hoy muchos de esos municipios siguen padeciendo el pago de esa deuda; y en términos generales, los perjudicados fuimos los colombianos que perdimos $1,25 billones que están saliendo de nuestros esquilmados bolsillos tributarios.

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