YO ACUSO... ¿Y QUÉ?

02.07.2016 10:30

Opinión/Octavio Quintero/El Satélite

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Los medios de comunicación en Colombia (tradicionales y alternativos; impresos, radiales, televisivos y virtuales), abundan diariamente en denuncias de corrupción que pasan de graves a gravísimas que al siguiente día, como dice la canción, son “periódicos de ayer que nadie más procura ya leer: viejas, sin importancia, que nadie recuerda; nadie, ninguna autoridad nacional del alcance de la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría, o sus dependencias territoriales, se dignan investigar de hecho o de derecho…
 
En ese hueco negro de la corrupción se cultiva la cleptocracia que domina en Colombia, propiciada por la  empresa privada, aupada por el Estado y consentida por la sociedad.
 
Así, prosiguiendo el encabezado de esta noticia, pudiéramos seguir desarrollando un extenso libro de ejemplos denunciados por los medios sobre corrupción que van y vienen sin que nadie les preste atención.
 
Uno de tantos: una grave afirmación hace el expresidente del Senado, José David Name, al sindicar al Ministerio de Minas y Energía, junto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de que, “por defender los intereses de los grandes generadores hidráulicos, tienen paralizada la reglamentación de ley 1715 sobre energías limpias”.
 
¿Y qué?... Ni los denunciados respondieron; ni el gobierno hizo nada, ni el senador llevó la respectiva acusación ante las correspondientes autoridades…
 
Otra más: “AngloGold Ashanti está comprando periodistas, concejales y campesinos”, denuncia el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
 
¿Y qué?... Ni la empresa minera se dio por aludida; ni los concejales ni los periodistas acusados se molestaron de que alguien con tanta autoridad como el alcalde de una capital diga públicamente que son unos vendidos; y el propio alcalde se contentó con exhibirse en los medios de comunicación haciendo semejante denuncia, sin proseguir su curso legal en los estrados judiciales, que sería el caso.
 
No se requiere ninguna reforma de Constitución o de nueva ley para combatir la corrupción. En estos dos ejemplos cunde la lógica: (1) Si el Ministerio de Minas y la CREG se quedaron callados, es porque es cierto que bajo la presión indebida de la empresa privada, tienen paralizada la reglamentación de la ley sobre energías limpias; (2) Si, ni la empresa minera, ni los concejales ni los periodistas de Ibagué  han rechazado la denuncia del alcalde, es porque es cierto que andan, sobornando la una y sobornados los otros.
 
¿Por qué la Procuraduría, o la Fiscalía o la Contraloría, según el caso, no abren investigaciones de hecho basadas en estas denuncias públicas contra los entes acusados en cabeza de sus representantes legales? ¿O, por qué el senador Name, en su caso; o el alcalde de Ibagué, en el suyo, no acuden oficialmente ante la autoridad pertinente a pedir la respectiva investigación? ¿O, también, por qué alguna persona o empresa interesada en producir energía no convencional, en el primer caso; o dolida de la destrucción del medio ambiente, en el segundo, toma estas denuncias y le pide a la autoridad competente que se investigue al respecto?
 
Ahhh… Porque somos una sociedad que se ha quedado sin valores y permite que las denuncias de corrupción resbalen sobre las espaldas de los acusados; se estanquen en los despachos de las autoridades y, como consecuencia de lo uno y lo otro, a nadie le importe, es decir, “si a personas tan importantes como los denunciantes (un senador y un alcalde de capital), las autoridades respectivas no les pararon bolas, a qué me voy a meter yo en eso”, podría ser la simple conclusión del común de la gente
 
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Fin de folio: La ley es una y la autoridad otra. Tácito (Marco Claudio, emperador romano entre los años 275 y 276), decía: “Cuanto más corrupto es el Estado más leyes tiene”, y menos autoridad, podría agregarse.