PELANDO EL COBRE

27.11.2018 14:01

 

¿Petro, víctima del ‘lowfare’?

En el país de los corruptos, la corrupción también es una cuestión elitista. La diferencia entre los alcaldes Petro y Char, ambos sancionados fiscalmente.

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Editorial REDGES

Octavio Quintero

Director

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El cuestionado alcalde de Barranquilla, Alex Char, fue multado por la Contraloría General en su primera administración (2008-2011) y su padre, el entonces senador, Fuad Char, pagó la sanción fiscal, $487 millones, para que el hijo pudiera aspirar a su segundo mandato en la capital del Atlántico.

487 millones, con tres ceros a la derecha, suman las multas que, peso más – peso menos, los distintos entes de control y vigilancia, entre ellos la Contraloría de Bogotá, le tienen encima al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Ambas multas son de orden fiscal, pero tanto el monto como la calificación de una y otra es abismal: a Petro se le multa por tomar decisiones de interés general y a Char por corrupto, es decir, por decisiones de interés particular.

Resulta esencial que la gente pueda comprender la diferencia entre corrupción administrativa y decisiones de políticas públicas que deben y tienen que adoptar los altos funcionarios públicos y los cuerpos colegiados en el curso de sus gestiones en el campo nacional o local.

Si lo del reciente fallo de la Corte Constitucional sobre inhabilidades por responsabilidad fiscal es discutible, tanto en el ámbito jurídico interno como internacional, lo del contralor de Bogotá es un exabrupto de marca mayor, pues, de abrirse paso jurídico su decisión, ningún funcionario público podría en adelante administrar con justicia social los recursos públicos, pues, en todos los casos en que quite de aquí para poner allá, podría ser acusado de detrimento patrimonial.

Una cosa es el actuar de un funcionario público con sentido de beneficio general, y otra, con interés particular. Esa es la gran diferencia entre Char y Petro, ambos sancionados fiscalmente por decisiones adoptadas en sus administraciones de Barranquilla y Bogotá.

Más al fondo del caso Petro se ve la intención de dañarle su carrera política, a un paso de la Presidencia, pues, de no haber sido por las controvertidas y sospechosas posiciones asumidas por los excandidatos presidenciales, Fajardo y Robledo con su voto en blanco, “otro gallo cantaría” a esta hora en el Palacio de Nariño.

487 millones de pesos en los bolsillos de Char son “una legaña de mico”, tanto más si la ‘platica’ sale del mismo presupuesto del Atlántico y su capital Barranquilla, administraciones públicas que la familia maneja como una tienda más de Olímpica. En cambio, los 400.000 millones de multa a Petro es una fortuna que no se alcanza en una vida laboral o empresarial ordinaria y honesta… Y de eso se trata, de someterlo a una inhabilidad electoral insuperable que lo saque del camino a la Presidencia.

Hay otras dos reflexiones en este caso que darían para seguir tirando del hilo un buen rato.

  1. ¿Cómo así que una sanción fiscal queda anulada cuando se paga y el funcionario corrupto queda habilitado ipso facto para volver a aspirar a cargos públicos y contratar con el Estado? O sea que, hasta tiene su lógica: en el país de los corruptos, la corrupción también es un asunto elitista, pues, solamente los corruptos ricos pueden considerarse “honestos” para dirigir los destinos del país. La ‘Custodia de Badillo’ debiera ser el nuevo himno nacional.

  2. Y más grave aún: en el fondo, el caso Petro desvela en Colombia el lowfare’ o “guerra híbrida”, como se le dice ahora a la nueva arma empleada por los dueños del poder para quitarse de encima a los incómodos. Se trata de una especie de persecución jurídica, revestida de aparente legalidad como la que sacó a Lula de la competición en Brasil y persigue a Cristina Fernández en Argentina y a Correa en Ecuador.

No parece jurídicamente probable que este caso vaya más allá del Tribunal de Cundinamarca que tiene a su consideración la demanda de Petro contra la sanción de la Contraloría de Bogotá. Pero, últimamente hemos visto, más que fallos, fallas jurídicas de las altas cortes que todo parece posible en Colombia a la hora de acentuar el dominio del modelo neoliberal en el país.

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