OPORTUNIDAD DE ENMIENDA

13.01.2019 18:14

 

Histórica demanda

El Consejo de Estado puede, si tiene compromiso social, cerrar un 

gran huraco de corrupción judicial

 

Editorial REDGES

Octavio Quintero

Director

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La demanda de nulidad contra la elección del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira (NHM), por supuesta ocultación de información sustancial a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, probablemente no desemboque en la caída del fiscal, pero sí ofrece la oportunidad al Consejo de Estado (CE) de sentar algún precedente para las futuras elecciones de tan alto y tan poderoso funcionario público.

Porque resulta imperdonable que la clase política y judicial de Colombia haya incurrido sucesivamente en la elección de los dos últimos fiscales, Eduardo Montealegre y NHM, inmersos públicamente en conflictos de interés y, aun así, el Presidente de la república los haya ternado y, más cuestionable, que la CSJ los haya elegido.

La historia reciente registrada por los medios de comunicación da testimonio de que se advirtió en su momento el conflicto de interés de Montealegre con la corrupción que en ese momento se destapaba en Saludcoop, la poderosa EPS de la que fungía como asesor jurídico. Pues, resulta que la investigación contra el presidente de esa empresa, Carlos Palacino, no avanzó un ápice en la gestión del mencionado fiscal, y, resulta evidente, que la engavetó por su propio bien y en beneficio, además, de su expatrón.

Similares advertencias se hicieron en los medios en torno a NHM y su vinculación con el grupo Aval, contratista del Estado en sociedad con Odebrecht. Pues, miren dónde vamos: dándole vueltas al escándaloso caso de corrupción, y en el mismo punto, esperando que un fiscal ad hoc, hale de la cuerda de la que se encuentra prendido su alter ego.

Se sustenta la demanda de nulidad en base a que, dicen los demandantes, “Consideramos que, durante el proceso de selección, Martínez omitió información sustancial sobre el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, que pudo haber cambiado la decisión de la Corte de elegirlo sobre los otros dos candidatos”.

Pero, la pregunta de rigor sería: ¿le preguntó la CSJ puntualmente sobre el caso, y, si no, tenía él la obligación legal –que no moral—de advertirlo? Porque, además, a un  fiscal no se le nombra por todo lo que sepa de casos de corrupción, que de eso sabemos todos, sino por su capacidad jurídica para investigar todos los delitos, entre ellos, el de corrupción.

No hay ningún registro noticioso que precise que los magistrados de la CSJ le preguntaron sobre el caso Odebrecht, a pesar de que los medios, desde la misma conformación de la terna y durante la preelección, recordaron sus estrechos vínculos con el grupo Aval, gran contratista del Estado en varios frentes y, concretamente, en la Ruta del Sol, en sociedad con Odebrecht. Luego, si no le preguntaron, la culpa no es del elegido por no decir lo que sabía, sino del Presidente que lo ternó y de los magistrados electores, por no preguntarle lo que de facto se sabía.

Ese es el primer vacío que pudiera llenar la correspondiente sentencia del CE en esta demanda presentada por Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo: someter al fiscal general, y de paso al contralor general y al procurador de la nación, al mismo régimen de conflicto de interés de los parlamentarios que deben entregar, al momento de posesionarse del cargo, una lista de posibles conflictos de interés en que incurrirían en caso de tener que abocarlos.

Si estuviera esta obligación claramente definida (a lo mejor se podría invocar en la sentencia), entonces sí habría incurrido el fiscal NHM en ocultamiento de información a la luz de lo establecido por el CE en sentencias referidas a miembros del poder legislativo en las que, la causal de conflicto de interés se declara al momento de juramentarse en el cargo y no, como lo dijo el fiscal NHM en la entrevista con el director de Caracol Noticias TV, al momento de presentarse el hecho materia de investigación.

La otra oportunidad sustanciosa del CE frente a la demanda contra la elección de NHM la señalan los mismos demandantes y que, al parecer, eso es lo que buscan:

Razones jurídicas

1. Es importante para el país que el Consejo de Estado se pronuncie en el caso concreto sobre la falsa motivación del acto de nombramiento del Fiscal General, generada por el ocultamiento de información sustancial, por parte del propio Fiscal.

2. Es crucial para el Estado social de derecho y la democracia generar jurisprudencia y crear un precedente sobre cómo se manejan los conflictos de interés y los efectos de la puerta giratoria en la política colombiana.

Razones éticas

1. Le exigimos al Fiscal el cumplimiento del deber moral de ser modelo en la lucha contra la corrupción y el trámite de conflictos de interés.

2. Le exigimos al Fiscal que ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes.

3. Creemos que debe preservarse la integridad del interés público.

Razones políticas

1. Creemos que se necesita un mayor control en la elección de altos cargos públicos, tanto por parte de la ciudadanía como de los entes de control y las propias entidades que llevan a cabo los nombramientos.

2. Quisiéramos motivar una rendición de cuentas por parte del Fiscal debido a su conducta cuestionable.

3. Nos interesa a través de este tipo de acciones devolverle a la ciudadanía confianza y credibilidad en la Fiscalía General.

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Fin de folio. Y es que, por desgracia, el destino de las grandes conmociones es terminar convertidas en la monótona rutina de la normalidad: Zygmund Bauman en, “Extraños llamando a la puerta