LAS CUENTAS CLARAS

12.06.2018 17:17

 

Mientras la corrupción impere en Colombia, la cuestión no es de quién gobierne, sino de quién está más comprometido con el pueblo “a ponerle el cascabel al gato”: ¿Petro o Duque?

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A la RED-GES hizo llegar el internauta Leonardo Quiroga, un correo que se titula “Prueba de conocimiento”, en el que se despliega un sartal de leyes y decretos expedidos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe en contra de las clases sociales menos favorecidas y, por supuesto, en favor de los grupos económicos dominantes dentro del régimen gubernamental.

No tendría nada novedoso desplegar la lista mencionada, porque en su momento cada norma ha sido del rechazo general de las clases medias y bajas, si no fuera porque, revisando las distintas encuestas por edades, se encuentra que el candidato del expresidente Uribe tiene más acogida a medida que va subiendo la edad de los potenciales electores.

“Cosa es de volverse loco”, como en La perrilla de Marroquín, que los jóvenes entre 18 y 25 años sean, de lejos, mayoría en la carpa de la Colombia Humanan, y de ahí para arriba, disminuya la empatía con el candidato Petro, siendo como es que, quienes han sido fuertemente golpeados por la implementación del neoliberalismo en Colombia a partir de 1990, han sido precisamente los que hoy andan de los 40 en adelante.

Estas capas sociales, afectadas todas por las reformas laborales y de salud contempladas en las leyes 100 y 50, cuyo ponente fue el entonces senador Uribe, son víctimas directas de las escasas oportunidades de empleo estable y salario digno que se ofrecen hoy en el mercado laboral y que, por tanto, hacen muy remota la posibilidad de que en el inmediato futuro gocen de una pensión de jubilación; o también, que sufran de la incierta  seguridad sanitaria convertida primero en negocio que en derecho humano por los gobiernos que hoy sostienen la carpa del candidato Duque.

Que los electores se dejen echar el cuento de que en un eventual gobierno de Duque, ahijado de los expresidentes más asociales e insociales del último cuarto de siglo en Colombia, estas condiciones sociales van a mejorar, no deja de reflejar un cierto ilusionismo político capaz de encantar a la gente, cual mago sacando conejos y palomas de su cubilete.

Porque uno hasta entiende que quienes han formado un patrimonio honesto a punta de esfuerzos, trabajo y un tanto de suerte, anden asustados con los fantasmas del castrochavismo y la expropiación. Pero que una importante población que está sufriendo en carne propia las vicisitudes de estos gobiernos que llevan en andas a Duque, lo apoyen, si es un caso de locos.

En una cabeza común y corriente, esto en lógica, no cabe. Y, la conclusión solo tiene dos explicaciones posibles: 1) Que estamos ante una sociedad con trastornos mentales; o, 2) Ante un Estado corrompido hasta el tuétano.

Dentro de las muchas formas de corrupción política que hay y se practican en Colombia, tres son corrientes, y que, aunque están penalizadas, solo en un caso reciente se tiene noticias de un inculpado, y tal vez nunca, o muy de vez en cuando, se abran procesos penales en los otros dos.

1.- Constreñimiento al sufragante

Se configura cuando se amenaza al elector con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o para que vote en blanco o para que simplemente no vote. El constreñimiento está penalizado de 4 a 9 años de prisión.

¿Ha oído, leído o visto alguien en algún medio de comunicación a fulano de tal enjuiciado por constreñimiento al elector? Que no se tenga noticia no quiere decir que el delito no se practique, y harto… ¿Ha votado alguien en determinado sentido porque si no, podría perder la vida, el puesto, el ascenso, los beneficios o las oportunidades que tendría si no acata la sugerencia del patrón? De esto podemos conocer muchos casos empezando, tal vez, por nosotros mismos.

2.- Fraude al sufragante

Se configura cuando alguien, mediante maniobra engañosa, obtiene que un elector vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. Este delito también tiene pena de cárcel de 4 a 8 años.

El caso  más emblemático que podríamos recordar como ejemplo, aunque nada pasó, fue el engaño registrado en el llamado “Plebiscito por la Paz”, tanto del lado del SÍ como del NO: en el primer caso se convocó a los electores a votar por una paz nacional que solo era el desarme de uno de los actores armados; y en el segundo caso, se hizo “emberracar a la gente para que votaran NO”.

3.- Corrupción al sufragante

Que ocurre cuando una persona compromete, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano para que vote a favor de un determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. La pena es de 48 a 90 meses. 

En este tercer punto, al menos, se dio el reciente caso de la senadora electa por Barranquilla, Aida Merlano, a quien se sigue causa penal y se encuentra con medida de aseguramiento.

¿Creen ustedes que solo esta senadora incurrió últimamente en este delito y que la justicia, implacable con el corrupto, la tiene en la picota pública? O, por el contrario, saben muchos, mejor dicho, es vox populi, que la gran mayoría de los políticos nacionales, regionales y locales, compran votos para asegurar sus elecciones a cargos corporativos o unipersonales.

Estos tres casos, más la infinidad de atajos que se despliegan sobre la actividad electoral en Colombia, nos pueden estar dando alguna explicación lógica del comportamiento “errado” del elector, que si bien salva a la sociedad de la locura general al votar en contra de sus propios intereses, nos mete de lleno en el túnel negro de la corrupción política que funciona como vector de todas las demás formas de corrupción que nos tiene atravesando la más profunda crisis moral de la cual podemos empezar a salir en la próxima elección presidencial dentro de una semana, “Si nos dejan”, como dice la ranchera.