EL ASALTO FINAL

20.08.2018 10:38

Lo que es con Colombia, es conmigo

--

La crisis de la justicia solo es la última grieta de un establecimiento que se nos viene encima

--

Editorial RED-GES/El Satélite

Octavio Quintero –Director

--

 

El caso Uribe-Cepeda sobre la manipulación de testigos, en el que ambos senadores se presentan como víctima y victimario uno del otro, es un asunto más de orden social que penal, pues, a nadie escapa que una eventual condena del expresidente, estremecería los cimientos mismos de bases sociales antípodas que se identifican con uno y otro dirigente político.

Ambos, para empezar, son íconos de extremas políticas: Uribe a la derecha y Cepeda a la izquierda. El primero, sindicado penal y políticamente de haber lanzado al país a una guerra de “limpieza social”, una violencia mal nombrada y, Cepeda (Iván), heredero en línea del comunismo, el partido de los dirigentes políticos calificados – todos – de insurgentes, conspiradores, guerrilleros y, últimamente de terroristas, no poca cosa en tiempos en que el terrorismo es un delito internacional, imprescriptible y extraditable…

Bueno es recordar que el Partido Comunista, proscrito en Colombia por muchos años, hoy todavía, ya legalizado, resulta azaroso a los electores mayores de 40, que conservan cierto ADN de púlpitos eclesiales desde los cuales se catequizaba a los conservadores bajo la idea de que “matar liberales, era salvaguardar la Patria y la Religión de la invasión comunista”.

Y, “limpieza social”, oportuno es aclararlo también, se relaciona especialmente al delito urbano de eliminar drogadictos, prostitución, habitantes de calle, delincuentes de poca monta e incipientes tendencias juveniles… Pero, el macabro concepto se puede asociar, en los espacios rurales y campesinos, con la eliminación de personas que, en el supuesto del otro, colaboran, voluntaria u obligados, con el enemigo: unos, llamados guerrilleros y otros, paramilitares.

Por donde reviente el hilo Uribe-Cepeda, reventarán también protestas sociales que ya, del lado de la derecha se insinúan hostiles contra la Corte Suprema de Justicia por haber dejado engarzado al expresidente en su propia denuncia sobre manipulación de testigos.

 

“Lo que es con Uribe es conmigo”

El solo llamado a indagatoria llenó las calles de Medellín y Bogotá de estandartes cuya retadora proclama “Lo que es con Uribe es conmigo”, deja el eco de un trueno a la distancia que avizora tempestad. Y si, enseguida, el Centro Democrático, el partido del expresidente, llena la retina de los colombianos con un aviso de página calificando la decisión de la Corte de persecución política contra el expresidente; y días después, desde el propio atrio de la solemne posesión de Duque, el presidente del Congreso también sale en defensa de Uribe, y si a todo esto se suma la declaración que días antes había expedido el entonces presidente electo, jugándosela toda por la inocencia de Uribe, bueno, pues, parece que el caso Uribe-Cepeda, está “cargado pa’tigre”.

 

“Lo que es con la Corte es con el país”

Ante las manifestaciones injuriosas contra la Corte se moviliza la otra Colombia, en sentido político, para diferenciar el término que, en lo convencional, habla de ese país que nos llega solo en metáforas poéticas o envuelto en desastres naturales, y a veces también, y con más frecuencia, en las noticias de orden público.

Primero fueron algunos editoriales de medios físicos y digitales que llamaron la atención sobre el alcance de las sindicaciones a la Corte por parte de los uribistas, secundados por las redes sociales. Y, después, la Asociación Americana de Juristas manifestó su rechazo al aviso suscrito por dirigentes políticos y empresariales quienes, “utilizando una inaceptable estrategia de defensa del senador Álvaro Uribe Vélez, atacan irresponsablemente la independencia, autonomía, dignidad y rectitud” de la Corte, y llaman a desobedecer y a desconocer la decisión de vincular a indagatoria al expresidente.

No se requiere ser jurista para entender que los ataques de los uribistas solo buscan acabar con el poco prestigio de la Corte, envuelta ella misma en el escándalo del llamado “cartel de la toga”. Es decir, no solo los políticos y empresarios uribistas que firmaron el aviso; ni el discurso del presidente del Congreso y ni siquiera el aval de inocencia que por anticipado le extendió el presidente Duque a su jefe político, se cocinan en esta olla a presión… Es la misma institucionalidad de toda la justicia la que está cuestionada… Súmele al sancocho la última sentencia de la Corte Constitucional favoreciendo a las Farc de responder plenamente por los abusos y violaciones de niños, niñas y jóvenes, como si tales crímenes fueran inherentes al desarrollo de la guerra.

Con todo respeto, la institucionalidad de la justicia no ha sido averiada solo en este caso. La justicia hace agua  por todos los poros, y hace rato… El caso Uribe-Cepeda es solo el detonante de una bomba social.

No hay alta corte que no tenga su mancha. Por algo se intentó acabar con el Consejo Superior de la Judicatura; por algo se requiere reconstruir el Consejo Nacional Electoral; por algo, finalmente, se pone de bulto la politización de la justicia envuelta en venales elecciones de procuradores, fiscales y contralores que luego tiene que investigar, y hasta destituir, como al exprocurador Ordoñez.

La crisis de la justicia solo es la última grieta de un establecimiento que se nos viene encima, o ya cayó, y todo indica que andamos como zombis sobre sus escombros.