CAOS EN SALUD Y EMPLEO... Y AHORA EDUCACIÓN

10.10.2018 07:35

Toda la crisis social conduce a Gaviria

Sus leyes, 30 del 92 y 100 del 93, tienen al país parado de cabeza en educación superior, salud y empleo.

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Editorial RED-GES/El Satélite

Octavio Quintero – Director

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Cuando la sociedad colombiana supere la ceguera política que le impide ver la realidad del país conducido por los actuales y mismos dirigentes de hace años, va a resultar difícil encontrar en esa historia por contar un presidente más nefasto que César Gaviria (1990-1994), fruto de una trágica carambola del destino que le abrió las puertas de la Presidencia, tras el magnicidio de Galán cuyo hijo, Juan Manuel, se arrepiente hoy de haberle entregado las banderas de su padre.

Aunque los más connotados columnistas de los medios tengan sus justas razones para cargar contra Uribe, entre otras cosas porque estos mismos analistas son más voceros de casas políticas que de causas sociales, el “revolcón” que Gaviria le metió al país hace 28 años, lo tiene todavía parado en la cabeza, en asuntos tan sensibles a la sociedad como el empleo, la salud y la educación, para hablar solo de las tres plagas que presiden su calvario al día de hoy.

Archiconocidas son las consecuencias de la ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral que, a pesar de ser una ley concebida en su Gobierno, los analistas se la atribuyen más al senador ponente (Uribe) que al presidente Gaviria.

Ahora, en estos momentos, el país de los jóvenes universitarios y los viejos docentes marcha por las calles clamando una reforma de la ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, que le metió el golpe donde más le dolía: los recursos de funcionamiento. A partir de entonces, a hoy, el déficit acumulado asciende a 3 billones 200.000 millones de pesos que se le han quitado a la educación superior, y, aun así, siguen sosteniendo el discurso hipócrita de que “solo la educación nos puede redimir de la pobreza”. ¿Cuál educación? ¿La pordiosera de la ley 30/92 que toca a las puertas del Estado todos los días en busca de limosna?

La sociedad colombiana sabe que estamos en una situación muy grave. Sabe que el futuro es tremendo, Pensemos no más en esos jóvenes de 18 a 25 años que no están estudiando (no hay cupos) ni trabajando (no hay empleo). ¿Qué les está esperando? Ese es el futuro que no queremos ver; esa es la ceguera: preferimos, como diría la filósofa, Concha Peña, “vivir soñando a conocer la verdad”.

Solo al Gobierno de Gaviria, y agárrense, siendo su ministro de Educación el hoy Canciller, Carlos Holmes Trujillo, se les ocurre amarrar las transferencias del Estado (a la educación superior) a la inflación, como si por inflación se midiera también la expansión demográfica del país y la demanda creciente de más y mejor educación universitaria que exige la evolución laboral y tecnológica del mundo globalizado e internacionalizado. Esto ha llevado a que, en gracia a la bendita ley, los aportes del Estado hayan crecido a partir de la ley 30, el doble, mientras la población universitaria se ha expandido más de 4 veces.

Con el paso de los años, la U pública ha llegado a tener que financiar el 53% de sus gastos de operación con recursos propios lo que, en palabras sencillas, significa el encarecimiento de sus matrículas y el recorte de su calidad docente y física… Y ni aun así: algunas han tenido que a acudir a bazares y rifas (empanadas bailables) para pasar el año.

P.ej., en este año de gracia, 75.000 aspirantes se presentaron a la Universidad Nacional, de los cuales solo pudieron recibir 5.000; algo parecido se registró en la Universidad de Antioquia y en la Pedagógica y en todas las 32 universidades públicas que llegan a donde no llegan las universidades privadas porque el “negocio”, que al igual que la salud, es en lo que a partir de Gaviria quedó convertida la educación en Colombia.

Es dramático, y causa dolor de patria, ver que la población más necesitada, la de estratos 1, 2 y 3, cuyos hijos quieren seguir una carrera, solo unos cuantos, muy pocos, puedan alcanzar una banca en la universidad pública. Y, estos jóvenes que quedan al garete, terminan siendo torturados en centros de corrección, como si a garrote se pudiera suplir la falta de educación y de trabajo que el Estado les negó en su momento, merced a estas dos benditas leyes de Gaviria: la 30 de 1992 y la 100 de 1993.

Literalmente, al expresidente del “revolcón” sí se le puede decir: “¡Ave Cesar: los que van a morir te saludan!”.

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Enlace relacionado para mayor información:

Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE)