¡A LA CARGA!...

30.08.2018 03:45

Sobre corrupción,

seguiré con mi tema…

La sola acción de repetición (art. 90 de la Constitución), nos haría reducir la corrupción “a sus justas proporciones”

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Opinión en RED-GES/El Satélite

Octavio Quintero –Director

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El proyecto de ley de responsabilidades penales a las empresas privadas implicadas en corrupción presentado por el Gobierno, está apuntando directamente al corazón de la llamada “justicia restaurativa”, esa que, además de castigar el delito en sí mismo, obliga al delincuente – en este caso, delincuente jurídico --, a responder con su patrimonio por el daño antijurídico inferido al Estado.

Todo sería plausible si la eventual ley se hace cumplir. Porque, no es por aguar fiestas, y menos ahora en esta hora de efervescencia y calor de anticorrupción, pero el proyecto que entra en curso legislativo se parece, mutatis mutandis, a la acción de repetición prevista en el art. 90 de la Constitución:

(…)

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial (…), que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 

Otra opción legal para la recuperación de esos dineros públicos es la figura del llamamiento en garantía, que permite la vinculación del servidor público al proceso en el que se demanda al Estado.

Y este precepto constitucional, reglamentado por el Código Contencioso Administrativo y la ley 678 del 2011, poca o ninguna aplicación ha tenido, sencillamente porque los corruptos dentro de la administración pública, incluyendo a la rama judicial, se tapan con la misma cobija, al punto que poca gente recordaría ahora algún caso ejemplarizante de condena contra algún funcionario público, a pesar de la abundancia de casos que se convierten en demandas judiciales, muchas de las cuales conducen a condenas económicas contra el Estado.

Hace 10 años (en el 2008), el abogado Yesid Reyes, quien más tarde sería ministro de Justicia de Santos, reveló en su columna de El Espectador que entre el 2000 y finales del 2002, se formularon 51.484 demandas contra entidades estatales, que generaron indemnizaciones por cerca de $300.000 millones, de la época.

(…)

Sin embargo –dice --, en ese mismo período, sólo fueron iniciadas 84 acciones de repetición y 466 llamamientos en garantía, lo que indica que en cerca de 51.000 demandas, las entidades estatales no cumplieron con su obligación legal de impulsar esas acciones en contra de los servidores públicos que con su conducta dieron lugar a que el Estado fuera condenado.

La Ley no sólo precisa que es un deber de todas las entidades públicas repetir contra sus servidores en estos casos, sino que califica como falta disciplinaria el incumplimiento de esa obligación. Tampoco se sabe que la Procuraduría tenga por norma iniciar acción legal contra los importantes funcionarios públicos que incumplen la norma. La impunidad en este caso ha llegado al extremo de hacer olvidar las normas constitucionales y legales antes mencionadas sobre el particular.

Recientemente, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, reveló que, al 30 de junio del 2017, cursaban 480.893 demandas contra el Estado por valor de casi 333 billones de pesos, y agregó que anualmente se deben destinar entre 2,5 y 3 billones de pesos al pago de sentencias judiciales contra la Nación.

Si comparamos la estadística citada por Reyes, referida al año 2002, con la estadística citada por Vélez, referida al año 2017, vemos que en 15 años, el número de demandas contra la Nación han tenido un crecimiento del 934%; y los recursos públicos destinados a los casos perdidos se han incrementado en un 1.000%...

Todo un escándalo por donde se le mire; y no se requiere ninguna nueva ley o precepto constitucional para remediar la situación. Todo empezaría a resolverse con voluntad política, esa que no se consigue en el Congreso ni en los tribunales sino en la honestidad del funcionario público de turno, desde el Presidente hacia abajo, pasando por todas las “ias” de vigilancia y control; las superintendencias y agencias supervisoras de las conductas de los funcionarios y los recursos públicos y toda la burocracia nacional, departamental y municipal.

La cabal aplicación de esta sola norma, daría para reducir la corrupción “a sus justas proporciones”, la célebre frase del expresidente Turbay (1988-1992) que tanta hilaridad causó en su momento, pero que tanto bien nos haría ahora que la mayor parte del trabajo honrado de los colombianos se destina al pago de un montón de ladrones apoderados de nuestro patrimonio y esfuerzo colectivo.

Curioso, por decir lo menos, que dentro de las seis medidas que propuso para detener el desangre de los dineros públicos a manos de un cartel de abogados y jueces especializados en el pingüe negocio de demandar y condenar a la nación, Vélez no menciona siquiera la posibilidad de apelar a la acción de repetición contra los funcionarios públicos implicados en estos casos por acción u omisión.

A tan importante funcionario se le borró de su privilegiada mente jurídica la norma constitucional y legal y, por supuesto, su olvido contribuye a la impunidad que deviene en despilfarro de cuantiosos recursos públicos que, como todos sabemos, terminan saliendo del bolsillo de los contribuyentes, bolsillo siempre abierto a la mano alcabalera de los ministros de Hacienda de turno.

Por esto que queda descrito en el presente editorial, que apenas es un frente de acción, es por lo que seguimos insistiendo en que, más que nuevas normas contra la corrupción, lo que necesitamos  es empezar por hacer cumplir las normas existentes a través, por ejemplo, de la Procuraduría y la Agencia Jurídica, cuyos titulares debieran cumplir con la responsabilidad de repetir contra los servidores del Estado hallados culposos o dolosos en las demandas ejecutadas contra la Nación.

Y hablamos aquí de ¡tanta plata!, como para que en muchos años ningún otro ministro de Hacienda vuelva a meter la mano al bolsillo de los contribuyentes, sin antes meterle la mano, ¡y duro!, a los corruptos y evasores, cayéndoles contra sus patrimonios, que es donde les duele.